La cuestión migratoria es un tema que ha mantenido a México como un foco de atención a lo largo de los años, especialmente dentro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, mismas que han estado marcadas por políticas y acuerdos bilaterales destinados a gestionar el flujo de personas a través de la frontera. Esta última, de una extensión de casi 3,200 kilómetros compartidos con Estados Unidos, convierte a México en un punto de tránsito crucial para los migrantes que buscan condiciones distintas a las de su país de origen.
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Para comprender la crisis migratoria actual, es importante considerar el contexto en el que se desarrolla; empezando por que México se encuentra en una posición geográfica única, siendo un punto de tránsito para miles de personas que buscan entrar a Estados Unidos. Adicionalmente, distintos factores como la inestabilidad económica, la violencia en los países de América Central y múltiples problemas políticos en la región, se suman a las aspiraciones de algunos mexicanos por residir en Estados Unidos como una forma de subsanar los varios efectos de los factores domésticos desfavorables.
En años recientes, México y Centroamérica han enfrentado una crisis de migrantes sin precedentes. Este flujo masivo ha ejercido una presión importante sobre los recursos, la infraestructura, las políticas y las relaciones de México con Estados Unidos. En este sentido y desde los inicios de la presente administración, el presidente López Obrador ha señalado que la protección de los derechos humanos de la población migrante es una prioridad para su gobierno. Parte de su estrategia en la materia es la creación de programas sociales dirigidos a la población mexicana, especialmente a aquella localizada en el sureste del país; esto, con el apoyo en el desarrollo de la región de Centroamérica para asegurar una mejor calidad de vida y evitar eventualmente la necesidad de desplazamiento. Puntualmente, en su enfoque a la población del sureste de México, el gobierno de México creó el programa “Sembrando Vidas” que buscar atender la pobreza rural en la región.
Durante 2023, se han registrado récords de desplazamientos en la frontera México-Estados Unidos. Según datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identificación de Individuos de la Secretaría de Gobernación, entre enero y julio de este año, un total de 317,334 personas han entrado al país de manera irregular. Debido al número de solicitudes de procesamientos en la frontera y como respuesta a la creciente presión en la misma, a finales de septiembre las autoridades estadounidenses anunciaron el cierre de procesamiento de carga en varios puntos de entrada, incluido el Puente de las Américas en El Paso, Texas, y la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas. Esta medida se implementó bajo el argumento de apoyar a la patrulla fronteriza en el procesamiento de migrantes y ha tenido un impacto significativo en la economía de la región y el sector empresarial. Lo anterior, particularmente en la industria maquiladora, que se vio afectada por la suspensión de trenes de carga y las fallas en la aduana mexicana. Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas diarias alcanzaron los 35 millones de dólares. El gobierno de México, por su parte, respondió con conversaciones y negociaciones con autoridades de EE. UU. y cámaras empresariales. El objetivo de esto fue buscar soluciones para la crisis migratoria que afectaba tanto la economía como la vida de las familias en la región.
Luego de varias negociaciones y esfuerzos conjuntos entre representantes de las administraciones involucradas, se logró una reapertura parcial de la frontera, lo que permitió el procesamiento de vehículos de carga en el puerto de entrada de Eagle Pass, Texas. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que la situación seguía siendo dinámica y que podría llevar a futuros cierres si era necesario. La incertidumbre, por lo tanto, persiste en la región, mientras la crisis migratoria continúa siendo un desafío en evolución.
En este contexto, y con el esfuerzo del presidente mexicano por posicionarse como un líder destacado en la región de América Latina, se llevó a cabo la Cumbre de Palenque el pasado 22 de octubre. Ésta reunió a presidentes y representantes de varios países de la región con el objetivo de abordar la crisis migratoria. En el encuentro se acordó establecer un plan internacional que reduzca la movilidad poblacional y proteja a las personas en tránsito, poniéndole fin a las medidas selectivas que resultan en deportaciones. Alineado con lo anterior, el presidente López Obrador aseguró que durante su participación el 14 y 15 de noviembre en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual tendrá lugar en San Francisco, le entregará al presidente estadounidense, Joe Biden, los acuerdos y propuestas en materia de migración que fueron revisados durante la Cumbre[1].
En contraste con las medidas anteriores, el presidente Biden respondió a la ola migratoria en la frontera de los últimos meses retomando una de las principales promesas de su predecesor, Donald Trump: la expansión del muro fronterizo. La Casa Blanca anunció la construcción de una sección de 32 kilómetros de valla metálica en el sur de Texas con el objetivo de frenar los cruces por el Río Bravo. Dicha medida representa un cambio en la posición del mandatario, quien había prometido en el 2020, durante su campaña presidencial, no construir más muro; declarando que esa no era una solución política seria. No obstante, y en justificación de la medida, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza argumenta que están utilizando fondos previamente asignados para una barrera fronteriza.
Mientras que México busca solucionar el reto de la migración de una forma más diplomática y mediante la instauración de programas de desarrollo con los países del sur, Estados Unidos continúa tomando medidas más duras en cuestiones fronterizas. Este conflicto ha generado no solo problemas para las personas desplazadas, sino que ha afectado a terceros como el sector privado y al comercio entre ambos países. Se prevé que actores como las cámaras empresariales y demás organismos internacionales se mantengan involucrados en el tema para evitar tomar medidas que afecten al comercio. Es inevitable que la migración continúe siendo un tema prioritario en la relación bilateral; sin embargo, esto puede resultar en una mayor cooperación entre los gobiernos para crear políticas públicas en conjunto. O bien, en el peor de los escenarios, puede tener como consecuencia un enfriamiento entre las diplomacias derivado de las diferentes posturas alrededor del tema.
Referencias:
[1] El Presidente de México había anunciado que no iba a participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) debido a la asistencia de Dina Boluarte, Presidenta de Perú. Sin embargo, debido a la necesidad de abordar el tema migratorio y la insistencia de Joe Biden, el Titular del Ejecutivo de México, indicó que asistirá a la Cumbre con la finalidad de sostener una reunión bilateral con su homólogo estadounidense.
Este artículo fue escrito por Sara Lecumberri, Consultora en Grupo Estrategia Política.
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