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El regreso a las bases: la importancia de la cercanía a la población


Una de las máximas en la praxis política señala que "el poder está para ejercerse". Esto, a mi parecer, lo ha tenido claro desde siempre el titular del Ejecutivo Federal; de ahí que desde su llegada a la silla presidencial, e incluso antes de tomar posesión en el cargo, haya puesto en marcha una nueva forma de ejercer la política. De inicio, hay que destacar que no fue una acción trivial la de conformar una red de apoyo con los sectores más desprotegidos del País, quienes, de manera continua e incluso por adelantado a los tiempos electorales, recibieron prebendas económicas para atender algunas de sus necesidades.


Imagen: El Sol de Toluca, Archivo [fotografía], 2021, https://bit.ly/3WgRv7a


Dichos apoyos pasaban anteriormente por diversas manos; es decir, por la vía de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. No obstante, el Mandatario entendió que este mecanismo de otorgamiento hacía que la gente perdiera la noción de quién o de quiénes los otorgaban, lo que significaba un desaprovechamiento del capital político de la acción en sí misma. Con este entendimiento y con la experiencia de haberlo implementado en el antiguo Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el Ejecutivo Federal conformó al ejército de personas caminantes que han visitado cada uno de los hogares dentro del país: los “Siervos de la Nación”. Estos, según datos oficiales, ascienden a 20 mil servidores públicos con el objetivo de atender a las necesidades de la gente y de acercarles dichos apoyos hasta la puerta de sus casas; destacando, dentro de su labor, la difusión de que los apoyos provienen directamente del Presidente Andrés Manuel López Obrador.


Por lo anterior, no es sorprendente que en la última medición de El Financiero la aprobación presidencial se haya ubicado en 66 puntos porcentuales[1]. Pareciera (aunque muy aventurado el juicio de totalidad) que ese gran apoyo por parte de los ciudadanos estuvo cimentado en esta atención dirigida a los sectores más desprotegidos del país; es decir, en el haber colocado como prioridad a 51.9 millones de personas que vivían en situación de pobreza o pobreza extrema en 2018[2], según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Bajo esta tesitura y haciendo un ejercicio de retrospectiva, cobra mayor sentido aquella declaración polémica de abril de 2020 del presidente López Obrador en la que afirmó que “la pandemia vino como anillo al dedo a su administración”, ya que conllevó la instrucción de que los Siervos de la Nación visitasen todas las casas del país y que buscasen incorporar a uno o varios integrantes de las familias a (por lo menos) un programa social.


Esta medida fue desde luego fue benéfica para ambas partes; para Andrés Manuel López Obrador y para las familias mexicanas. Ello, en virtud de que, de los 35 millones de hogares en el país, el 71% de estos recibe en la actualidad por lo menos uno de los Programas para el Bienestar[3], de acuerdo con la Secretaría del Bienestar. Según el Banco Mundial (BM) y con corte al 2022, la población de México era de 127,500,000 personas. Si el 71% de los hogares recibe desde entonces un apoyo social, esto significa que los beneficios de la administración han alcanzado al menos a 90,525,000 personas de forma directa; es decir, sin considerar el número que resultaría de sumar a los beneficiarios indirectos. Con estas cifras podemos intuir que, por medio de estos apoyos económicos directos, el actual Presidente de la República ha podido generar una gran simpatía y lealtad entre los mexicanos; sobre todo entre aquellos que padecen carencias socioeconómicas y que, el pasado 2 de junio, acudieron a las urnas a refrendar su apoyo al programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobra decir a estas alturas que dicho apoyo fue proyectado no sólo en la selección del representante titular del Ejecutivo federal, sino también en la integración del Congreso de la Unión.


Con este contexto y en referencia a los poderes metaconstitucionales que señala el Dr. Jorge Carpizo en su libro El Presidencialismo Mexicano[4], podríamos actualizar a los mismos agregando el del “retorno del ejercicio de la política hacia las bases”; entendiendo al concepto como el otorgamiento de apoyos económicos a la población de parte de la persona titular del Poder Ejecutivo federal sin ningún intermediario y con la finalidad de generar una lealtad entre gobernante y gobernado. Lo anterior, con el añadido de que la población es artífice de la hechura del gobierno a través de diversos ejercicios ciudadanos, como las consultas populares, lo que quiere decir que la población se siente y forma parte de la toma de decisiones con trascendencia nacional. A manera de ejemplo, tenemos la reciente materialización de los foros informativos sobre la Reforma constitucional al Poder Judicial. 


Bajo esta premisa y sin demeritar las acciones potenciales de la próxima administración, destaco que no se trata de una casualidad que la Dra. Claudia Sheinbaum haya decidido ratificar a Ariadna Montiel al frente de la Secretaría del Bienestar. Bástese decir que se trata de la dependencia que ha configurado el entramado institucional referido y que ha estado encargada de realizar ejercicios de política cercana a la gente bajo la máxima del presidente López Obrador de “ejercer un gobierno por y para el pueblo”. Aunado a esto, se trata de una estrategia con resultados interesantes, pues según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza se redujo en México: pasó de 51.9 millones de personas (2018), a 46.8 millones de personas en esta situación para el 2022 (esto quiere decir que con dicha política social se logró sacar de esta condición a 4.1 millones de personas a nivel nacional dentro del período señalado). Esto, sin lugar a duda, es un dato que se deberá considerar y comparar con administraciones anteriores.


En suma, podemos ver que el proyecto del actual gobierno federal trabaja para tener una sólida base social, mediante una política cercana a la población en la que conoce y atiende las necesidades de las personas, teniendo como eje articulador la entrega de apoyos económicos. Este hecho podría redituarle, como fuerza política, en lo que en otrora permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenerse por muchos años al frente de la gran mayoría de cargos políticos en el País. Empero, esto dependerá de las medidas que pudiera realizar la oposición, en caso de que quieran volver a ser considerados como una opción real de gobierno en los comicios más cercanos.


 

Referencias

[4] Jorge Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, México, Siglo XXI Editores, Décimo novena edición, 2006.


Este texto fue escrito por Luis García, Consultor en Grupo Estrategia Política.  

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