América Latina ha sufrido en los últimos años una crisis de representación que se ha ido agravando debido a distintos factores como el desempeño de la economía y el trabajo de las instituciones democráticas. De acuerdo con datos del Latinobarómetro 2023, un estudio que mide la opinión pública sobre la democracia en América Latina, solo el 28% de la población está satisfecha con esta, mientras que el 69% se dice estar insatisfecha. En el caso de México, el 37% de las personas afirma sentirse satisfechas con el funcionamiento de la democracia, mientras que el 61% se considera insatisfecha. Dicha insatisfacción, podemos notar, es un reflejo del trabajo que llevan a cabo (o no) las instituciones encargadas de hacerla valer en nuestro país; pues (refiere además esta encuesta) el Congreso de la Unión es identificado como la segunda institución a la que los ciudadanos le tienen menos confianza (31%), tan solo después de los partidos políticos (24%). Este factor es de gran relevancia; sobre todo en el marco de las elecciones efectuadas el pasado 2 de junio, pues nos encontramos en la antesala de una nueva legislatura; i.e. frente a la conformación de un nuevo Congreso.
En México contamos con un sistema de representación mixto en donde 200 diputadas y diputados son elegidos por representación proporcional y 300 en distritos de mayoría relativa. Los 200 curules son aquellos que deben asignarse por el Instituto Nacional Electoral, mismo que debe hacer sus cálculos de acuerdo con los números que haya obtenido cada fuerza política en cada una de las 5 circunscripciones a nivel nacional. Una generalidad de este sistema de representación es que busca que las minorías obtengan representación al interior el Congreso. Podemos visualizar cómo funciona con el ejemplo más cercano en nuestro contexto: el del partido Movimiento Ciudadano. Durante la jornada electoral, dicho partido ganó solamente un distrito de mayoría relativa; no obstante, y de acuerdo con las proyecciones de Grupo Estrategia Política, se calcula que obtendrá 23 escaños por la vía plurinominal. Con esto, el mecanismo asegura que se obtenga en el número de diputados a la representación correspondiente al 10% de las y los electores que votaron a favor del partido, incluso cuando estos no hayan constituido una mayoría en su distrito.
Imagen: La Jornada, Reforma electoral [fotografía], 2022, https://bit.ly/3L3UwBo
Por otra parte, hay que señalar que a las listas plurinominales de este tipo se les denominan “cerradas” o “bloqueadas”. Se les considera de este modo porque, a diferencia de las abiertas, los electores no pueden opinar ni decidir sobre quiénes ingresan en la lista; y bloqueadas porque los votos no afectan la posición de las y los candidatos en el listado. En México, los liderazgos y las cúpulas partidistas son aquellas que deciden quiénes y en qué orden deben conformarse dichas listas de representación proporcional o de “pluris”. Es por esta razón que a menudo vemos a los presidentes de los partidos en los primeros lugares de los listados; e.g. Alberto Anaya, Alejandro Moreno, Marko Cortés o Jesús Zambrano, dirigentes del PT, PRI, PAN y PRD.
Hay otras alternativas a este sistema mixto de representación. De entrada, tenemos a las listas “abiertas” y “desbloqueadas”. En los países en las que son utilizadas podemos ver que, en algunos casos, los militantes de los partidos pueden decidir quiénes conforman a las listas de representación proporcional. En otros países incluso existen sistemas en los que las y los votantes tienen la capacidad de ordenar a las candidaturas de acuerdo con su preferencia, incidiendo en quiénes son seleccionados para desempeñar los cargos públicos. A manera de ejemplo sobre los países que hacen uso del sistema de listas abiertas para alguna de las cámaras de los congresos nacionales están Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Ecuador en Latinoamérica; Italia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia, Holanda y algunos otros en Europa.
Los efectos de abrir y desbloquear las listas han sido estudiados por diferentes autores y autoras en Ciencia Política; por ejemplo, Gilas (2022) y Brenes y Matarrita (2012). Ellos argumentan que los sistemas de listas abiertas en América Latina tienen más desventajas que ventajas. Lo anterior, partiendo de que todos los sistemas de listas abiertas implican una complejización considerable del aparato electoral; un factor que, en países con una baja politización, puede conducir a una reducción de la participación ciudadana, un aumento de los costos de las campañas y dificultades en los procesos de fiscalización de recursos. Además, y aunque con una mayor competencia entre los candidatos se les resta poder a las dirigencias partidistas, esta podría derivar en fricciones al interior y llevar a la creación de tribus políticas disímiles. A la larga, esto puede debilitarlos y, en consecuencia, debilitar al sistema partidista que, dicho sea de paso, puede tender fácilmente en este supuesto hacia una personalización exagerada, i.e. a una centralización en los perfiles de los candidatos, más allá de los planes y las propuestas de los partidos.
Por el lado de las ventajas, tenemos a un Alan Wall del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), quien asegura que estas aumentan la calidad de la representación al brindarle a las y los votantes el poder de decidir el orden y/o los integrantes de las listas. Con esto, y en el hipotético de que algún partido nomine a alguna candidatura impopular, esta puede ser desplazada por la ciudadanía a los lugares más bajos de la lista, lo que evitaría su entrada al congreso. Aunado a lo anterior, este sistema puede contribuir a un mayor sentido de la representación; es decir, a mayores opciones para las y los electores en la selección de sus representantes. Las listas abiertas potencian la democracia partidista, incentivan a la militancia, suman a la politización de la ciudadanía y favorecen la competencia al interior de los partidos, generando contrapesos más claros (especialmente en los momentos en los que solo una coalición posee amplias mayorías, como sucede en la actualidad en nuestro país).
En suma, existe una diversidad de propuestas y múltiples aristas alrededor de este mecanismo democrático. Valdría la pena, por lo tanto, evaluar cómo está funcionando actualmente el sistema en nuestro país, pues es fundamental conocer las ventajas y desventajas para resolver las áreas de oportunidad que sean identificadas. Ahora bien, no estaría demás trabajar asimismo en favor del blindaje contra la corrupción y el fortalecimiento de los partidos políticos. Y es que, a pesar de que las candidaturas plurinominales han estado en el debate público en los últimos años, por ejemplo, a través de las Reformas Electorales del presidente López Obrador, parece que los mecanismos de integración de las listas es un tema cerrado a la discusión, ya que proporcionan un espacio a los dirigentes partidistas para impulsar su propia llegada a estos asientos; o bien, la de sus círculos cercanos. Es importante que abramos el debate y aumentemos la calidad de la representación en nuestro país, conociendo los diferentes modelos que funcionan en nuestra región y en el mundo.
Bibliografía:
[1] Brenes Villalobos, Diego y Matarrita Arroyo, Mario Andrés, 2012, “Efectos colaterales del voto preferente”, Revista Derecho Electoral, núm. 14, pp. 42-62. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5608315.pdf
[2] Gilas, Karolina, 2022, “En contra de las listas abiertas. Los efectos perversos de los mecanismos del voto personalizado”, Reformas Políticas en América Latina. Coord. Flavia Friedenberg, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto Electoral de la Ciudad de México, pp. 127 – 145. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6833/8.pdf
[3] Wall, Alan, 2021, “Open List Proportional Representation: The Good, the Bad and the Ugly” International IDEA & Friends’ Asia & the Pacific Online Lecture No. 1. Disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/open-list-proportional-representation.pdf
Este texto fue escrito por Miguel Ángel Beltrán, Consultor en Grupo Estrategia Política.
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