De cara a las elecciones presidenciales del 2024, la necesidad de implementar una reforma fiscal retoma fortaleza en el discurso y en el escenario político-regulatorio. Al ser un tema relacionado con el presupuesto, su análisis debe incluir necesariamente al gasto y los ingresos del Estado, pues ambas variables apuntan a una creciente necesidad de una reforma fiscal progresiva para subsanar los compromisos presupuestarios del gobierno federal.
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Por el lado del gasto, la presente administración se ha caracterizado por el incremento de éste en programas sociales; éstos han presionado las arcas del Estado y, derivado del costo político de reducirlos, han de conservarse en los sexenios por venir. Aunado a este incremento en el gasto social, continúa la presión ejercida por el pago de pensiones, que representa el 22% del gasto neto para el 2024[1]; así como el de las grandes obras sexenales (megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, etc.). Simultáneamente, pero del lado del ingreso, tenemos que el gobierno ha enfrentado algunas dificultades para incrementar significativamente la recaudación y demás entradas de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En este sentido, la estrategia de la actual administración ha consistido en la fiscalización de grandes contribuyentes, con políticas fiscales que permiten al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudar una mayor cantidad de impuestos a las empresas más grandes del país. De igual manera, este incremento en la recaudación fiscal se ha logrado mediante cambios en los criterios del cobro de IVA en algunos sectores y el debido cobro de créditos fiscales. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para subsanar las presiones derivadas del gasto, por lo que el gobierno federal, a través de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 2024 busca aprobar una deuda interna de 1.9 billones de pesos.
Al respecto, cabe resaltar que estas condiciones serán heredadas a la próxima administración, luego de la sucesión presidencial que tendrá lugar el 1 de octubre de 2024; por lo que las insostenibles presiones presupuestarias deberán ser resueltas mediante la implementación de una reforma fiscal. No obstante, existen ciertas variables políticas de gran impacto que podrían afectar la aprobación y aplicación de una reforma de este tipo:
Costos políticos: la reforma conlleva importantes costos si en la propuesta existe un aumento o creación de nuevos impuestos.
Mayoría en el Congreso: en medio del proceso de renovación del Congreso, un escenario en el que el partido del Ejecutivo Federal sea distinto al de las mayorías en las Cámara de Diputados y Senadores tendría como resultado grandes dificultades para la aprobación de la reforma.
Pacto fiscal: la baja recaudación de las entidades provoca una mayor dependencia de la Federación. Los costos políticos dificultan cambios a nivel estatal.
Evasión fiscal: la necesidad de decidir sobre el incremento o relajación de las medidas implementadas por el actual gobierno para el combate a la evasión y elusión fiscal será clave también en la discusión de dicha reforma.
Informalidad: diferentes gobiernos han intentado promover a la formalidad con incentivos fiscales; sin embargo, el 55.2% del sector ocupado permanece laborando en la informalidad[2].
Crecimiento económico: la recuperación económica tras la pandemia por COVID-19 y el aumento de inversiones derivado del nearshoring.
Ahora bien, alrededor de una reforma fiscal para el país, las tendencias regulatorias en América Latina en materia tributaria podrían influir en la toma de decisiones de la siguiente administración. En varios países de la región, cuyos procesos electorales fueron efectuados entre el 2021 y 2022, las propuestas de reformas tributarias fueron centrales e impulsaron posteriores iniciativas formales. A continuación, algunos ejemplos:
Colombia: el presidente Gustavo Petro Urrego anunció una reforma tributaria que promoviera la equidad, la progresividad y la eficiencia[3]. Con ello, se propusieron y aprobaron modificaciones tributarias, incluidos cambios al impuesto sobre la renta e impuestos medioambientales.
Chile: el presidente Gabriel Boric Font informó que realizaría una reforma tributaria que permitiera la consolidación fiscal con recursos permanentes adicionales[4]. Sin embargo, divisiones al interior del Congreso impidieron su aprobación. Tras mesas de diálogo, el gobierno busca presentar nuevas modificaciones en el impuesto sobre la renta y en la fiscalización.
Brasil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva evidenció el interés que tenía en proponer una reforma fiscal, catalogada como “solidaria, justa y sostenible”, que simplificara los impuestos[5]. En seguimiento, está impulsado una reforma para la simplificación de impuestos relacionados con el consumo.
Honduras: la presidenta Xiomara Castro Sarmiento señaló que promovería una reforma tributaria que abordara las desigualdades en el pago de impuesto[6]. En este sentido, propuso el fortalecimiento del control sobre las exoneraciones fiscales, tema que aún está en el Congreso.
En suma y derivado de lo anterior, la discusión de una futura reforma fiscal en México deberá recuperar los aprendizajes de otros países de la región, particularmente aquellos en donde el diálogo con los diversos actores interesados y la negociación con las diferentes fuerzas políticas ha sido importante para avanzar e implementar este tipo de medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Por otra parte, vale la pena reflexionar que aún con la relevancia y gran necesidad que se tiene para fortalecer las disposiciones tributarias del país, los elevados costos políticos de un gobierno entrante dificultan la implementación de una reforma integral. Como consecuencia, deberemos esperar, inicialmente, una miscelánea fiscal sin cambios profundos.
Las variables políticas mencionadas serán cruciales en el desarrollo de una reforma durante los primeros años de la próxima administración federal, así como se ha replicado en el resto de América Latina.
Referencias:
[1] Implicaciones del Paquete Económico 2024, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, septiembre 2024.
[2] Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI, agosto 2023.
[3] Programa de Gobierno 2022-2026: https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/
[4] Programa de Gobierno Apruebo Dignidad: https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf
[5] Directrices para el Programa de Reconstrucción y Transformación de Brasil: https://pt.org.br/baixe-aqui-as-diretrizes-do-programa-de-governo-de-lula-e-alckmin/
[6] Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026: https://www.libre.hn/plan-de-gobierno-de-xiomara-2022-2026
Este artículo fue escrito por Juan Carlos Elizalde e Ilanit Mondragón, Consultores en Grupo Estrategia Política.
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