En términos generales, el manejo macroeconómico durante los primeros 5 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha coadyuvado en mantener unas finanzas públicas sanas en México. Algunas medidas internas como el no aumentar la deuda pública durante la pandemia por Covid-19 y el respeto a la autonomía del Banco de México, lograron que la calificadora S&P mejorara en julio 2022 la perspectiva de calificación soberana de México de negativa a estable [1]. Asimismo, factores externos como el aumento en las remesas [2], con un flujo acumulado entre abril 2022 y marzo 2023 de 59,936 millones de dólares y el potencial de atracción de inversiones por el efecto del nearshoring -demostrado con que la ocupación de parques industriales en 2022 creció 115% [3] y la inversión extranjera directa con cifras de 35 mil 292 mdd [4], 12% más que en 2021- han logrado mitigar efectos negativos potenciales derivados de decisiones y políticas específicas, como el de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de la incertidumbre creada por las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y los retrasos en trámites por parte de autoridades como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Reguladora de Energía.
A pesar de lo anterior, deben tomarse en consideración los riesgos a futuro para las finanzas públicas por el reducido margen con el que cuentan y las presiones que ya tienen, principalmente por lo relacionado al gasto de pensiones (contributivas y no contributivas), programas sociales y el costo de la deuda [5]. Si bien es cierto que México mantiene niveles aceptables de deuda [6] en comparación con otros países, el aumento del costo de la misma, 53.3% mayor en 2023 que en el mismo período en 2022 en términos reales [7], y el destino de los recursos, enfocados a programas no productivos, representa un riesgo.
Foto: Fernando Luna Arce, Forbes México, 2023. ¿El dinero da la felicidad? (foto). https://bit.ly/3PVdhKt.
En consonancia, con apoyo del Poder Legislativo y el sector empresarial, esta administración ha tenido como parte de su agenda central, llevar a cabo reformas legales en favor de los derechos laborales de los trabajadores, tales como la reforma a la Ley Federal del Trabajo para promover la libertad sindical, la eliminación del outsourcing, el aumento del 60% en términos reales [8] del salario mínimo y la ampliación de vacaciones de 6 a 12 días. Estos cambios, aunque cuestionados por diversos actores, han significado mejoras para una importante parte de la población, no sin significar un aumento en las obligaciones patronales y un aumento en la necesidad de recursos públicos y privados.
En dicho sentido, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, plantea una importante asignación de recursos para los Programas Prioritarios, reconociendo el aumento del gasto social y advirtiendo los riesgos por el sistema de pensiones [9] a futuro, considerando la evolución de la pirámide demográfica como un reto creciente en el ámbito económico y fiscal, ya que se estima que actualmente, en 2023, la población de personas mayores de 65 años o más representa el 8.2% de la población total de México, pero para 2050 este grupo conformará cerca del 17.0% de la población.
En 2020, se consolidó la pensión no contributiva mediante la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (a partir de 68 años, posteriormente reformado para ampliar su alcance a partir de los 65).
En 2024, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un aumento superior al 25% y beneficia a alrededor de 11.4 millones de personas, con recursos destinados a este programa 7.4 veces mayores en términos reales respecto a 2018.
Los recursos destinados a programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se incrementarán en 2.4 veces en términos reales entre 2019 y 2024.
El IMSS emitió de septiembre de 2022 a junio de 2023 un total de 17 mil 186 nuevas pensiones garantizadas, cuyo monto promedio mensual fue de 5 mil 483 pesos, lo cual representa un incremento de 67% respecto al valor de la pensión garantizada en 2020 y 32% respecto a la de 2021.
Por lo anterior, es importante reconocer los avances del gobierno en curso en materia laboral y de apoyo social para los sectores menos favorecidos, pero se vuelve aun más relevante reevaluar la pertinencia y potenciales impactos en las finanzas públicas y el gasto corriente para ambos sectores antes de continuar impulsando reformas laborales adicionales como la reducción de la jornada laboral de 6 a 5 días, la obligación de contratar un 5% de adultos mayores y un 5% de discapacitados en los lugares de trabajo.
Ciertamente estas reformas buscan promover el bienestar de una parte de la población, pero su posible aprobación aumentaría las presiones de gasto para el erario y podría impactar en la competitividad de México con respecto a otros países en caso de no considerarse una transitoriedad para una implementación paulatina, con una planeación ordenada, establecida en conjunto con el sector privado, buscando promover incentivos en lugar de nuevas obligaciones y restricciones.
Referencias:
[1] https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/calificaciones_crediticias/c_soberanas/CRA3/S&P_Mexico_Ratificacion&Mejora_22-07-06.pdf [2] https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B200E4745-237D-F6FF-FAE2-CA6CA4CD4459%7D.pdf [3] https://www.naiop.org/research-and-publications/magazine/2023/Spring-2023/business-trends/industrial-spotlight-mexico-nearshoring-foreign-investment-create-opportunities/ [4] https://www.gob.mx/se/prensa/durante-2022-la-inversion-extranjera-directa-ied-fue-de-35-mil-292-mdd-lo-cual-incremento-12-por-ciento-en-comparacion-con-el-ano-2021
[5] Hoy en día, el gasto para pagar el costo de la deuda y las pensiones suman cerca del 9% del PIB (https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2023/06/como-vamos-a-5-anos-de-la-cuarta-transformacion/) [6] Menores al 50% del PIB, https://datos.bancomundial.org/indicador/GC.DOD.TOTL.GD.ZS [7] https://imco.org.mx/el-riesgo-de-la-deuda-publica-poco-productiva-y-transparente-para-las-finanzas-del-pais/
[8] https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2023/08/quinto-informe-de-gobierno-como-vamos/
[9] El límite máximo del gasto corriente estructural contempla 1,063,918.9 mdp para pensiones y jubilaciones, prácticamente lo mismo que lo aprobado para las Participaciones Federales.
Este artículo fue escrito por Jesús Ulloa, Consultor en Grupo Estrategia Política.
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