Mucho se ha hablado de la forma de gobernar del actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pues, como en todos los gobiernos, se han tocado algunos intereses bajo la visión de construir una sociedad distinta; en este caso, una en la que los grupos vulnerables sean la prioridad, de acuerdo con lo señalado por el propio titular del Ejecutivo. En este sentido, el sistema político mexicano se ha ido transformando en las últimas décadas. Hasta hace algunos años, podía pensarse que la cultura democrática de la sociedad mexicana estaba lista para transitar de un régimen presidencial a uno semipresidencial o semiparlamentario[1]; es decir, un régimen en donde el poder es compartido entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante, y con base en lo que establece el Dr. Jorge Carpizo[2], el sistema presidencial se mantiene más vivo que nunca en nuestro país, puesto que encontramos a un Poder Ejecutivo fuerte y que se fortifica todavía más con el ejercicio de los poderes metaconstitucionales que le ofrece, entre otros aspectos, el ser el jefe tácito del partido político mayoritario a nivel nacional y en el Poder Legislativo: MORENA.
Foto: Gobierno de México, 2021. Fuente de Pegaso en el Patio Central del Palacio Nacional (foto). https://bit.ly/3YOH76e
Con lo anterior, vislumbramos que la taxonomía señalada por el Dr. Carpizo ha quedado atrás, dando pie a analizar entonces el sistema presidencial con base en lo propuesto por el Dr. Manuel Camacho. Al respecto, éste señala que el régimen político, y en particular las funciones que hacen tan poderoso al presidente de México, deben ser analizadas bajo las siguientes premisas: 1) éste ejerce sus poderes constitucionales; 2) es el jefe de la clase política; 3) es el árbitro de las pugnas mayores de casi todas las fuerzas que participan en la contienda política; 4) es el vértice de la transmisión de poder; y 5) tiene un amplio dominio sobre el proceso de distribución de los recursos públicos.[3] En la realidad política observable en la actualidad, las cinco variables señaladas por el Dr. Camacho aplican fehaciente e indudablemente en nuestro país. Con todo, un tema fundamental para todos los sistemas de gobierno democráticos es el que la clase política[4] se apegue al mandato constitucional y a sus leyes secundarias, tal como lo señala el Dr. Carpizo en El Presidencialismo Mexicano.
Ahora bien, a lo largo del gobierno del presidente López Obrador hemos observado que, gracias a la mayoría con la que ha contado y cuenta dentro del Senado de la República y de la Cámara de Diputados en las LXIV y LXV Legislaturas, el Poder Ejecutivo ha ido modificando el marco constitucional a fin de establecer su proyecto de gobierno con bases legales. Así, hemos atestiguado distintos ajustes legales diseñados para fortalecer la presencia del Estado en aquellas áreas que la actual administración ha considerado esenciales y básicas para la implementación de su proyecto de nación. Esto quiere decir que se han llevado a cabo ajustes legales en materia de administración pública y educativa; en el fortalecimiento de la hacienda pública y el mejoramiento de la recaudación fiscal; en la seguridad social, para el establecimiento de un Estado de Bienestar; en el rubro energético y en el de salud; entre otros. Con dichos ajustes, hemos observado un viraje en el andamiaje legal. El objetivo, que el Estado mexicano, mediante el Poder Ejecutivo, retome la rectoría en el desarrollo del país en todas sus vertientes; una facultad que había sido soslayada por la clase política anterior, según lo señalado tácitamente por el titular del Ejecutivo federal.
No obstante, en su afán de establecer un nuevo paradigma de gobierno, y cumpliéndose un vaticinio señalado por el Dr. Carpizo, hemos observado que el titular del Poder Ejecutivo ha transgredido el marco jurídico en diversas ocasiones, obligando a la revisión ulterior -adicional a la del Legislativo- de los fundamentos de legalidad en diversos actos. Ello, por parte del Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha revisión del quehacer político por parte del Poder Judicial ha generado escozor en la persona al frente del Ejecutivo Federal; sin embargo, en cualquier sistema de gobierno existen los pesos y contrapesos que ya Montesquieu[5] señalaba hace casi tres siglos y cuya finalidad descansa en la búsqueda del bien común, deteniendo el poder a través del mismo.
Dicho esto, resalta la necesidad desde la Ciencia Política de analizar a profundidad esta nueva forma de presidencialismo en México. Se precisa actualizar la teoría y potenciar -o alcanzar- la comprensión alrededor de las acciones del gobierno que, dicho sea de paso, no han sido exclusivas de nuestro país, sino que se han vislumbrado en diversas naciones de América Latina. De la misma forma y a la par de las ciencias sociales, los ciudadanos debemos estar atentos al ejercicio de gobierno de nuestra clase política, a fin de solicitarles a nuestros políticos acotarse al marco legal para desempeñar el poder de forma adecuada y en línea con las necesidades que exige la nueva realidad de nuestro país, teniendo como prioridad el ejercicio pleno de los derechos y el respecto a la Constitución y sus leyes secundarias.
[1] Pantoja Morán, David, “Una ojeada comparativa los sistemas parlamentario y presidencial de gobierno”, en Revista Este País, núm. 203, México, febrero 2008. [2] Carpizo, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, México, Siglo XXI Editores, 2006.
[3] Camacho, Manuel, Los nudos históricos del sistema político mexicano, en Las crisis en el sistema político mexicano (1928-1977), México, El Colegio de México, 1977. [4] Mosca, Gaetano, La Clase Política, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
[5] Montesquieu, Charles de Secondat, Del Espíritu de las Leyes, México, Editorial Porrúa, 1973.
Este artículo fue escrito por Luis García, Consultor en Grupo Estrategia Política.
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